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En el mundo empresarial actual, la competencia es más intensa que nunca. Las nuevas tecnologías, los cambios en el comportamiento del consumidor y la globalización han reducido las barreras de entrada, obligando a las empresas a adaptarse o desaparecer. En este contexto, optimizar el modelo de negocio y mejorar la gestión empresarial ya no es una opción: es una necesidad estratégica.

Las reformas a la legislación sobre prevención de lavado de dinero marcan un cambio significativo en las obligaciones de las empresas. Al ampliar el catálogo de actividades vulnerables, redefinir el concepto de beneficiario controlador y establecer incentivos para la autocorrección de incumplimientos, se obliga al sector privado a redoblar esfuerzos para el cumplimiento normativo, con implicaciones operativas, legales y financieras, especialmente para las MiPyMEs.

El incumplimiento voluntario o involuntario de las obligaciones fiscales no sólo genera sanciones económicas y penales, sino que erosiona la reputación empresarial y comercial, creando desconfianza adentro y afuera de las organizaciones, debilitando e impidiendo su sostenibilidad en el mercado. Para reducir el riesgo se requiere un enfoque integral y sistemático que combine controles, cultura y gestión reputacional para proteger los valores intangibles de la empresa.

En el entorno empresarial actual, caracterizado por la volatilidad, complejidad e incertidumbre, la planeación estratégica debe dejar de ser un ejercicio anual estático. Para que subsista como herramienta útil requiere de revisiones periódicas para asegurar su vigencia y eficacia. En este contexto, las empresas mexicanas tienen razones de peso para revaluar su planeación estratégica a mitad del año 2025.