Como apuntamos en su momento, el 2026 se perfila como uno de los más retadores para la actividad empresarial. Peligrosamente estamos dejando lo coyuntural y la desaceleración pasajera y empezamos a enfrentar la convergencia de factores estructurales con poder de impactar en la rentabilidad, la liquidez y la toma de decisiones de inversión.

La iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) busca armonizar el marco legal con la reforma constitucional de diciembre de 2024 sobre prisión preventiva oficiosa por el uso de “falsos comprobantes fiscales”. Lejos de ser un ajuste técnico, la iniciativa implica un conjunto de medidas que afectan la operación diaria de las empresas en materia de facturación, registro fiscal y cumplimiento tecnológico.

El 2026 será un punto de inflexión ante una economía que intenta recuperarse, un entorno regulatorio más exigente y una fiscalización más estricta que obliga a redefinir estrategias. Se requiere combinar resiliencia, eficiencia operativa y un tratamiento preciso de los riesgos.

En el mundo empresarial actual, la competencia es más intensa que nunca. Las nuevas tecnologías, los cambios en el comportamiento del consumidor y la globalización han reducido las barreras de entrada, obligando a las empresas a adaptarse o desaparecer. En este contexto, optimizar el modelo de negocio y mejorar la gestión empresarial ya no es una opción: es una necesidad estratégica.

Realizar un cierre administrativo sólido no solo permite cumplir con las obligaciones regulatorias, permite definir la estrategia con la que una empresa inicia el año siguiente. En un entorno de incertidumbre, y cambios regulatorios constantes, un buen cierre permite tomar mejores decisiones, anticiparse a riesgos y capitalizar oportunidades.

Las reformas a la legislación sobre prevención de lavado de dinero marcan un cambio significativo en las obligaciones de las empresas. Al ampliar el catálogo de actividades vulnerables, redefinir el concepto de beneficiario controlador y establecer incentivos para la autocorrección de incumplimientos, se obliga al sector privado a redoblar esfuerzos para el cumplimiento normativo, con implicaciones operativas, legales y financieras, especialmente para las MiPyMEs.

En México, muchas empresas enfrentan de forma recurrente un mismo desafío: recuperar sus saldos a favor de IVA. Si bien en teoría el proceso debería ser ágil y transparente, en la práctica se ha convertido en un trámite complejo, prolongado y con riesgos legales si no se ejecuta con rigor técnico.

El incumplimiento voluntario o involuntario de las obligaciones fiscales no sólo genera sanciones económicas y penales, sino que erosiona la reputación empresarial y comercial, creando desconfianza adentro y afuera de las organizaciones, debilitando e impidiendo su sostenibilidad en el mercado. Para reducir el riesgo se requiere un enfoque integral y sistemático que combine controles, cultura y gestión reputacional para proteger los valores intangibles de la empresa.