El 2026 será un punto de inflexión ante una economía que intenta recuperarse, un entorno regulatorio más exigente y una fiscalización más estricta que obliga a redefinir estrategias. Se requiere combinar resiliencia, eficiencia operativa y un tratamiento preciso de los riesgos.

Realizar un cierre administrativo sólido no solo permite cumplir con las obligaciones regulatorias, permite definir la estrategia con la que una empresa inicia el año siguiente. En un entorno de incertidumbre, y cambios regulatorios constantes, un buen cierre permite tomar mejores decisiones, anticiparse a riesgos y capitalizar oportunidades.

En México, muchas empresas enfrentan de forma recurrente un mismo desafío: recuperar sus saldos a favor de IVA. Si bien en teoría el proceso debería ser ágil y transparente, en la práctica se ha convertido en un trámite complejo, prolongado y con riesgos legales si no se ejecuta con rigor técnico.

La iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) busca armonizar el marco legal con la reforma constitucional de diciembre de 2024 sobre prisión preventiva oficiosa por el uso de “falsos comprobantes fiscales”. Lejos de ser un ajuste técnico, la iniciativa implica un conjunto de medidas que afectan la operación diaria de las empresas en materia de facturación, registro fiscal y cumplimiento tecnológico.