En México, muchas empresas enfrentan de forma recurrente un mismo desafío: recuperar sus saldos a favor de IVA. Si bien en teoría el proceso debería ser ágil y transparente, en la práctica se ha convertido en un trámite complejo, prolongado y con riesgos legales si no se ejecuta con rigor técnico.

La iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) busca armonizar el marco legal con la reforma constitucional de diciembre de 2024 sobre prisión preventiva oficiosa por el uso de “falsos comprobantes fiscales”. Lejos de ser un ajuste técnico, la iniciativa implica un conjunto de medidas que afectan la operación diaria de las empresas en materia de facturación, registro fiscal y cumplimiento tecnológico.

En el mundo empresarial actual, la competencia es más intensa que nunca. Las nuevas tecnologías, los cambios en el comportamiento del consumidor y la globalización han reducido las barreras de entrada, obligando a las empresas a adaptarse o desaparecer. En este contexto, optimizar el modelo de negocio y mejorar la gestión empresarial ya no es una opción: es una necesidad estratégica.

Las reformas a la legislación sobre prevención de lavado de dinero marcan un cambio significativo en las obligaciones de las empresas. Al ampliar el catálogo de actividades vulnerables, redefinir el concepto de beneficiario controlador y establecer incentivos para la autocorrección de incumplimientos, se obliga al sector privado a redoblar esfuerzos para el cumplimiento normativo, con implicaciones operativas, legales y financieras, especialmente para las MiPyMEs.